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Condenado un alcalde por un accidente laboral

30 de Octubre de 2015

La Audiencia Provincial de Palencia ratificó una sentencia dictaminada en marzo por el Juzgado de lo Penal de Palencia, condenando al alcalde de San Mamés de Campos, a una pena de 3 meses de prisión y 540 euros de multa como el autor responsable de un delito contra los derechos de los trabajadores con un delito de lesiones imprudentes, como consecuencia de un accidente laboral ocurrido en 2012 en el que resulto herido un trabajador, después de que se  precipitara al suelo desde una plataforma elevadora móvil que fue alquilada para pintar la fachada de la iglesia de la localidad 

La conformidad con la sentencia, se ha determinado al no prosperar el recurso de apelación interpuesto por el acusado y el propio ayuntamiento. Cabe recordar que la sentencia establecía que el acusado tenía que indemnizar al trabajador contratado con 8.453,88 euros por las lesiones y secuelas sufridas, aunque se trata de un 40% de la cantidad estimada, al apreciar la magistrada que la víctima "contribuyó casualmente" al accidente, porque no utilizó debidamente la máquina como se le instruyó y se indicaba en el manual de instrucciones.  

La sentencia consideraba como hechos probados que el acusado, alcalde de la localidad de San Mamés de Campos, contrató a una empresa para el alquiler sin conductor de una plataforma elevadora para arreglar la fachada de la iglesia del pueblo, tarea que realizó el operario contratado como peón limpiador a tiempo parcial, con una jornada semanal de 12 horas con una antigüedad de 16 días.  

El 21 de septiembre de 2012, al acusado decidió retirar las tejas de un caserón de propiedad municipal en estado ruinosos, tarea que ordenó al operario, quien subió a la plataforma elevadora que funcionaba correctamente. El propio acusado subió a la plataforma para ayudar al operario a retirar dichas tejas. Una vez que se encontraban a la altura del tejado, los dos comenzaron a retirar las tejas para depositarlas en el interior de la cesta elevadora. 

La resolución judicial indicaba que después de realizar varios desplazamientos y como quiera que la plataforma soportaba el peso de dos y un número de tejas indeterminado, pero superior a 25, y no estaba colocada en terreno estable y llano, unido a la maniobra de orientar la estructura extensible hacia la derecha con el brazo extendido, está volcó, golpeándose la cesta contra el suelo. 

Como consecuencia del impacto, el operario sufrió lesiones consistentes en una luxación anterior del hombro izquierdo y una fractura de troquiter humeral, que precisaron de tratamiento médico y quirúrgico, con cinco días de hospitalización, quedando secuelas en el hombro dañado.

La magistrada consideró que el acusado, que contrató al operario para realizar diversas tareas, tenía funciones de mando de hecho y le correspondían funciones en materia de seguridad, «estando obligado legal y normativamente a facilitar y exigir al trabajador el cumplimiento de las prevenciones de riesgos laborales, a informarle y formarle de los riesgos concretos» que suponía la retirada de las tejas en cuanto a la caída y vuelco de la plataforma elevadora, estando obligado a "controlar y vigilar" que la plataforma se colocara en terreno idóneo y adecuado, y que la usara debidamente tanto para cargar y descargar los materiales, como para bajar la estructura extensible, argumentos que ha ratificado la Audiencia Provincial.

En su sentencia, la magistrada del Juzgado de lo Penal subrayó que el acusado "de manera negligente" no se aseguró de si el operario cumplía las instrucciones de uso ni leyó el manual de instrucciones para conocer el uso y los riegos, y de haberlo realizado, "no hubiera permitido la colocación de la plataforma en el lugar, ni la carga y descarga de tejas, de modo que se hubiera evitado el accidente al que contribuyó el propio operario que decidió la colocación de la plataforma elevadora en un suelo irregular e inclinado y su uso indebidamente en oblicuo a la estructura extensible, no habiendo leído el manual de instrucciones".   

La Audiencia Provincial subraya que «no existiendo en el ayuntamiento otra persona encargada de las obras y de la seguridad de las mismas, es evidente que corresponde al alcalde tal cometido».